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No elaboramos perfiles ni tomamos decisiones automatizadas con efectos jurídicos sobre ti.
La aplicación de medidas precontractuales a petición del interesado y, en su caso, la ejecución del contrato de servicios. El cumplimiento de obligaciones legales, en particular las derivadas de la normativa de prevención del blanqueo de capitales y de la normativa fiscal. Y nuestro interés legítimo en responder a las comunicaciones que se nos dirigen.
Si no llegamos a prestarte el servicio, conservamos tus datos el tiempo imprescindible para atender la consulta y, después, bloqueados durante los plazos de prescripción de las posibles responsabilidades. Si hay encargo profesional, se conservan durante la relación y durante los plazos legales de conservación documental posteriores.
No cedemos tus datos a terceros salvo obligación legal o necesidad para el propio encargo —juzgados, administraciones públicas, notarías, procuradores o peritos—. Los proveedores tecnológicos que nos prestan servicios de alojamiento o correo acceden como encargados del tratamiento, con contrato firmado conforme al artículo 28 del Reglamento.
Con independencia de la normativa de protección de datos, toda la información que nos facilites está amparada por el secreto profesional del abogado, que es un deber deontológico y penalmente protegido.
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